Medio centenar de cadáveres de perros presuntamente asesinados por su responsable, un cazador, fueron encontrados en la mañana del pasado martes 27 de diciembre en una zona boscosa de Montcada i Reixac (Barcelona) después de una denuncia por maltrato animal presentada por un vecina.
Agentes Rurales y de la Policía Local levantaron los cadáveres de los perros, que en algunos casos llevan hasta seis meses en el bosque cubiertos por bolsas. Al parecer, el sospechoso estrangulaba a los perros que volvían heridos de la caza o que ya eran demasiado viejos para seguir “trabajando”.
No deja de resultar irónico que una persona que dedica parte de su tiempo a dar muerte a otros animales en el contexto de la actividad de la caza vaya a ser amonestada por hacer exactamente lo mismo que hace habitualmente sin ningún tipo de objeción social: vulnerar los intereses fundamentales de individuos de otras especies para satisfacer una necesidad propia. Tanto los perros, considerados como “propiedades” del cazador, como los animales que durante años hayan muerto a manos de éste y su escopeta en el bosque, vieron menospreciados sus intereses más básicos en función del valor que un ser humano decidió conceder a sus vidas.
Dentro de este menosprecio que la sociedad en general manifiesta por la vida de los demás animales, existen grados de empatía y de rechazo moral ante determinadas prácticas. Así, el cazador se enfrenta a una condena por la vía penal por “maltrato de animales con resultado de muerte”, que le podría comportar de tres meses a un año de prisión así como la inhabilitación para tener animales a su cargo por un período de 5 años. Además, podría ser castigado con una sanción administrativa de hasta 20.000 euros por no disponer de los permisos pertinentes ni tener las instalaciones acondicionadas para acoger a los perros.
Sin embargo, no será juzgado por las innumerables víctimas que sus jornadas de caza causaron.
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