La supuesta introducción de cadáveres de animales, tanto mascotas como abandonados (que pueden estar enfermos), en la cadena alimentaria puede desencadenar un enorme escándalo de salud pública de incalculables consecuencias. Lo que se plantea es lo siguiente: la utilización de estos animales de compañía muertos para la elaboración de pienso
para alimentar a las propias mascotas (no permitido), pero también para
ganado que acaba al final destinándose al consumo humano.
A raíz de las informaciones publicadas por el diario holandes «De Telegraaf», las autoridades sanitarias de ese país investigan si un mayorista de productos cárnicos de Ámsterdam habría estado importando cadáveres de perro desde España para
utilizarlas para la alimentación animal e incluso para álbondigas
destinadas al consumo humano. La repercusión de esta investigación ha
llegado hasta la Comisión Europea, que ha pedido explicaciones al
Gobierno español sobre el fraude, el cual se ha mostrado «sorprendido» y
por el momento lo ha calificado como de una «historia especulativa».
«Para saber qué es lo que ha pasado exactamente, escribiremos a las autoridades sanitarias españolas encargadas», ha resumido el portavoz comunitario de Salud y Consumo, Frédéric Vincent.
El posible atentado contra la salud
pública, al que se llega desde varios frentes, comenzó a destaparse tras
la verificación por parte del Refugio de Animales de Cambados (Pontevedra)
de que que había una empresa gallega que se dedicaba a la recogida de
animales vivos abandonados pero que no te dejaba verlos en persona.
«Hace un año y medio fuimos y les dijimos que queríamos ver a nuestro
perro que estaba allí y nos prohibieron la entrada», explica Olga Costa, presidenta del refugio de Pontevedra.
Según Costa, en esta perrera te
pedían una descripción del perro y de ser aproximada te lo traían a la
puerta. El resto de animales, en caso contrario, acabarían siendo
sacrificados. Allí no se entraba. Por ello, se alerto al Servicio de
Protección de la Naturaleza (Seprona) de Vigo que inició una investigación que acabó con el descubrimiento de un almacén en As Neves (Pontevedra) con 15 toneladas de animales muertos. En el caso hay hasta 11 personas implicadas de las distintas empresas involucradas, tal como informaba la Voz de Galicia.
Y es que aparte de esta primera, las otras empresas implicadas recogían tanto animales vivos como muertos y los enviaban a una planta de Salamanca para realizar su incineración.
Después se les entregaba a los clientes, a los propietarios de los
perros, una factura por el cual la incineración individual se había
hecho allí. «Pero allí no se hacen incineraciones individuales
(con las cenizas en una urna), eso es una estafa», cuenta Costa. En
septiembre del año pasado, el juzgado vio delito y la protectora de
animales se personó como acusación particular, por un presunto delito de estafa.
La planta incineradora ya había sido multada con mil euros en 2008,
en una inspección rutinaria, por la mezcla de las categorías de
incineración. Existe la categoría 1 para aquellos animales domésticos o
enfermos que no pueden de ninguna manera acabar en la cadena
alimentaria, y la categoría 3 que sí se puede usar para fabricar pienso.
«Para hacer pienso tienes que hacerlo con material de restos de
matadero, que han pasado un control sanitario y veterinario. No puedes hacer pienso con animales de compañía»,
explica una veterinaria del refugio. En esta planta incineradora de
Salamanca se detectó, según Costa, adn de perro y de oveja que podían
haber acabado en la cadena alimentaria para pienso. Y hay indicios de
que esta empresa ha comercializado con un total de 42 empresas entre nacionales y extranjeras.
La magnitud del delito puede ser inmensa, ya que «no se puede descartar
que esto se haya utilizado para la elaboración de productos alimenticios
para humanos». Igualmente sería una manera de propagar enfermedades,
en caso de que se demostrase de que este pienso va, por ejemplo, a
ovejas que se acaban comiendo seres humanos. ¿Por qué se hace? «La materia prima es más barata»,
responde Costa. Un trabajador de la planta incineradora salamantina
(Fernando Corral e Hijos S.L.), preguntado por ello en un reportaje de Espejo Público, negó que se usen para otra cosa que no sean pienso para mascotas, algo que tampoco está permitido.
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